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Kevin Galalae
La instauración de métodos químicos y biológicos encubiertos de control de la población después de la Segunda Guerra Mundial como medida de preservación de la paz y una prerrogativa de seguridad internacional que prevalece sobre los intereses nacionales y usurpa la soberanía ha obligado a los gobiernos y al sistema de las Naciones Unidas a abandonar el Estado de derecho y suspender los derechos y libertades fundamentales, preservando al mismo tiempo la apariencia de normalidad y legalidad mediante el secreto, la censura y la colusión, invalidando así la administración de justicia, el contrato social, los controles y contrapesos democráticos y la autoridad del Estado. Para limitar los nacimientos y aumentar las muertes extrajudicialmente y sin el conocimiento y consentimiento del pueblo, los gobiernos electos, con la ayuda del sistema de las Naciones Unidas, han ocultado sus objetivos demográficos y geopolíticos con la ayuda de la medicina y la jurisprudencia y han llevado la salud de las naciones y de los individuos al borde del colapso. El código penal suizo, la Declaración Universal sobre Bioética, la Convención sobre el Genocidio y la Declaración Universal de Derechos Humanos sirven como marcos jurídicos en el vacío legal del actual orden internacional y señalan el camino hacia la única vía restante para restaurar la legitimidad del Estado y el imperio de la ley, el uso de la fuerza por parte de individuos obligados por el deber de rescate y el derecho inalienable a la legítima defensa; fuerza dirigida contra cualquier persona o entidad, privada o pública, involucrada directa o indirectamente en el genocidio de despoblación, a menos que un nuevo acuerdo político desde el nivel de gobernanza global resuelva las prerrogativas en conflicto ahora existentes entre los derechos y responsabilidades individuales y gubernamentales consagrando la fertilidad de reemplazo en el derecho internacional.